El bebé de Prince Ramirez va a nacer en una semana. Ella y su marido ya tienen un nombre escogido.
“Oyuki Selene”
Ramírez, quien es originalmente de México, vive ahora en Charlotte con su esposo y sus hijos quienes son ciudadanos de Estados Unidos. Ella califica para Medicaid porque está embarazada y es una residente con un permiso de residencia. Pero esta nerviosa de apuntarse.
“Hay varios casos de personas que son residentes que no se atreven a pedir mucha ayuda [al gobierno] por lo mismo de que les va afectar,” ella dijo “te puede afectar mucho.”
Ramírez tiene miedo y esta confundida si es seguro o no seguir recibiendo ayuda como Medicaid o cupones de alimentos. La administración de Trump quiere cambiar la ley conocida como carga pública que haría que la dependencia de esos programas cuente contra las personas en ciertas etapas del proceso de inmigración. Aunque la propuesta sólo afectaría a algunos, muchos inmigrantes están optando por no participar en los programas de beneficios porque temen que puedan perjudicarlos en el futuro.
Ramírez dijo que necesita cobertura y que no puede pagar por el cuidado de su propio bolsillo como lo hizo con su primer hijo. Dice que le tomó 8 años para pagar esas facturas. Pero Ramírez tenía miedo que iba a enfrentar consecuencias fuertes al aplicar para su ciudadanía si se apunta para Medicaid.
Algunos factores que el gobierno considera cuando inmigrantes
Uno de los factores que el gobierno considera cuando inmigrantes están tratando de venir a los Estados Unidos o obtener un permiso de residencia es lo mucho que dependen o podrían depender de algunos beneficios públicos en el futuro. Si los inmigrantes dependen demasiado en esos programas, podrían considerarse una carga pública. Actualmente, la asistencia en efectivo y la salud mental a largo plazo o la ayuda para el hogar de ancianos se consideran en ese cálculo. Pero la administración de Trump quiere agregar otras cosas a la lista. Como Medicaid y el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como cupones de alimentos. Eso está causando pánico en las comunidades de inmigrantes. Louise Pocock es abogada del Centro de Charlotte para ayuda legal.
"Esto lo vemos como una amenaza lenta e insidiosa y una que ni siquiera se puede cuantificar", dijo Pocock. "No sabemos cuántas personas ya se han desinscrito de Medicaid o SNAP debido a esto".
Ella dijo que ha estado recibiendo llamadas semanalmente de inmigrantes preocupados desde que la regla salió en octubre 2018. El período de comentarios públicos ha finalizado, pero no hay ninguna línea de tiempo cuando la regla pueda ser finalizada. Pocock explica si esta regla de cargos públicos se promulga no afectará a muchos tipos de inmigrantes como refugiados y solicitantes de asilo. Pocock dijo que el mensaje no ha sido claro y muchos clientes todavía temen que obtener beneficios podría hacerles daño en el futuro.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del norte estima que 250.000 niños en el estado podrían verse afectados por la regla si sus familias se retiran de los programas. En una carta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Mandy Cohen escribió que le preocupa que las familias no recibirán la atención médica que necesitan.
La pediatra Julie Linton dijo que ya está viendo esto con sus pacientes en Greenville, Carolina del sur. Ella recuerda a uno de sus pacientes, de un año de edad que no estaba recibiendo la nutrición que necesitaba. Linton dijo que le preguntó a la madre si podía inscribirse para cupones de alimentos.
"Ella dijo que no podía participar y se puso un poco de callada", dijo Linton a la madre. "Ayúdame a entender esto, su hija tiene Medicaid y nació en los Estados Unidos. Ayúdame a entender por qué no puedes participar.” Y ella dijo: "Me podrian mandar lejos [de mi familia]".
Linton dijo que el estatus migratorio de esta mamá no la pondría en riesgo, incluso si esta regla es promulgada. Pero Linton dijo que estaba claro que todavía tenía miedo. Como médico, Linton no sabe si animar a las familias a que se inscriban para los programas médicos y alimenticios que necesitan si eso pone su estatus migratorio en riesgo.
"Tome un juramento de no hacer daño", dijo. "Coloca a los pediatras en una posición difícil por no poder promover el tipo de programas que sabemos a partir de décadas de ciencia que mantienen a los niños sanos. ¿Qué se supone que les tengo que decir a las familias?”
Linton también sirve enla Academia Americana para Pediatras de la Salud de Inmigrantes. En ese papel, ella ha estado oyendo preocupaciones similares de doctores en todo el país.
Tengo pediatras en Iowa, pediatras de Kansas, pediatras de California, Nueva York, Massachusetts y Texas compartiendo las mismas historias de familias que tienen miedo de participar en programas para mantener a sus hijos sanos porque se siente atrapados en un trampa imposible permanecer juntos y participar en programas ", dijo Linton.
El efecto escalofriante podría ir más allá y afectar a los hospitales que proveen servicios a los pacientes que ahora están sin seguro. El Departamento de Salud de Carolina del norte escribió que los hospitales en el estado podrían perder tanto como $200 millones en los pagos de Medicaid cuando los que abandonaron el seguro terminan en la sala de emergencias.
Abogado Louise Pocock terminó convenciendo Ramírez que estaba bien para ella para solicitar Medicaid. Pero Pocock teme que hay muchos otros que no podrá cambiar y que se excluirán de estos programas. Eso no sólo pondría en riesgo su salud, sino también la salud de sus hijos.